Martín Vizcarra rechaza cita de la Comisión de Fiscalización

 Mandatario se ampara en informe del Minjus que establece que no está obligado a ir al Congreso. Sin embargo, constitucionalistas Cairo y López dicen que sí puede colaborar

El presidente de la República, Martín Vizcarra, rechazó ayer  la invitación de la Comisión de Fiscalización del Congreso, donde debía responder por las contrataciones de personas de su entorno en el Estado, como el caso del artista Richard Cisneros, más conocido como Richard “Swing”.

Para tal fin, el jefe de Estado le remitió un oficio a su homólogo del Legislativo, Manuel Merino, en el que, además, negó tener algún vínculo con los casos que indaga el citado grupo de trabajo parlamentario.

“Como ya lo he manifestado en anteriores ocasiones, quiero reiterar que no he tenido participación alguna en los procesos administrativos de contratación”, sostuvo el mandatario en el documento. 

Vizcarra agregó que ha instruido a los funcionarios públicos relacionados con la investigación para que brinden “toda la información requerida” por el Congreso.

ARGUMENTOS. Para sustentar su decisión, el mandatario adjuntó un informe elaborado por el Ministerio de Justicia (Minjus).

“El presidente de la República no está en la obligación de atender una invitación o citación sobre materias distintas a las que pudieran dar lugar a causas de acusación constitucional y de vacancia presidencial, ya que ello afecta el cumplimiento de sus funciones y desconoce su especial estado de protección jurídica en el régimen constitucional “, concluye el texto que lleva la firma de la titular de Justicia, Ana Neyra.

Agrega que los altos funcionarios pueden ser citados al Parlamento solo en condición de testigos, y que el jefe de Estado “goza de una especial protección constitucional”, la cual se basa en los artículos 113 y 117 de la Constitución.

PUEDE IR. Sobre las razones del Minjus, el constitucionalista Omar Cairo dijo que solo es un informe ilustrativo sin mayor sustento legal. “El presidente no puede ser procesado penalmente durante su mandato, según artículo 117 de la Constitución, pero eso no le exime de tener el deber de colaborar con la función parlamentaria para el esclarecimiento de hechos”, sostuvo en dialogo con el correo. 

Asimismo, refirió que la negativa del jefe de Estado de ir al Parlamento podría dar pie a que el premier Walter Martos sea censurado, como responsable político del caso en investigación.

En tanto, el constitucionalista Luciano López manifestó que el informe del Minjus no se ajusta a lo que establece la Carta Magna y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (TC).

“El artículo 117 protege al presidente de acusaciones, pero en ningún momento habla de citaciones. Además, una investigación parlamentaria no es un proceso sancionador ni acusatorio, eso lo dice expresamente el Tribunal Constitucional”, dijo a este diario.

Una opinión contraria tuvo su colega Anibal Quiroga, quien dio la razón al Ejecutivo.

“Ya pasó en el caso de expresidente Pedro Pablo Kuczynski, que fue como testigo y luego la Comisión Lava Jato encontró responsabilidad (...). Desde ese punto de vista está protegido y no tendría la obligación de asistir a la Comisión de Fiscalización ni de recibirlos”, puntualizó.

Fuente El Correo