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La reconstrucción que genera corrupción

Luego del fenómeno natural El niño ocurrido en el año 2017, el Presidente de la República – aún en funciones – Pedro Pablo Kuczynski, el 15 de enero de 2018 promulgo la Ley N° 30556 que aprobó disposiciones de carácter extraordinario para las intervenciones del gobierno nacional frente a desastres, disponiendo la creación de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (RCC).

El objeto de la Ley

La finalidad del cuerpo legal aprobado, estuvo circunscrita a declarar prioritaria, de interés nacional y necesidad pública la implementación y ejecución de un plan integral para la rehabilitación, reposición, reconstrucción y construcción de la infraestructura de uso público de calidad incluyendo salud, educación, programas de vivienda de interés social y reactivación económica de los sectores productivos, como consecuencia de acciones que califiquen como nivel de emergencia altos de alcance nacional.

Su reglamentación 

La reglamentación de la normativa, fue aprobada mediante el D.S. N° 071-2018-PCM publicada en el Diario El Peruano el 7 de diciembre de 2018 promulgado en ese entonces por el Expresidente Martín Vizcarra, refrendado por el inefable Presidente del Consejo de Ministros Cesar Villanueva Arévalo.

El objetivo inoperante

El referido cuerpo reglamentario, si bien es cierto normó aspectos netamente formales para la tramitación de los Procedimientos de Contratación Pública Especial (PEC) con la finalidad de acelerar los mismos y permitir que estos sean adjudicados en el plazo perentorio establecido por la norma y por ende las obras de reconstrucción sean ejecutadas en el corto plazo, su finalidad no viene dando los resultados esperados, en tanto y en cuanto los trabajos de reconstrucción sufren demoras en su proceso constructivo, no solo por las acciones administrativas retardadas que incurren los entes ejecutores, como son las gobernaciones regionales y los municipios a quienes se le encarga ingentes presupuestos para la ejecución de obras de envergadura y gran impacto reconstructivo, sino también, por la celeridad que estas unidades ejecutoras tienen que aplicar para contratar al ejecutor y la supervisión de los trabajos a realizar, los cuales mayormente están plagadas de ciertos atisbos de corrupción.

La falta de transparencia y limitaciones que generan corrupción

Como quiera que, la norma prescrita tiene relación con la Ley N° 30225 – Ley de las Contrataciones del Estado (LCE) y su Reglamento, esta contiene articulados limitativos e inconsecuentes con la realidad funcional de los contratistas, y así mismo, a pesar de que la reglamentación primigenia otorgaba prerrogativas para transparentar los procesos selectivos, como por ejemplo la publicación de las ofertas tanto del contratista que obtuvo la buena pro y los demás participantes, la mayoría de la entidades ejecutoras hacen caso omiso a esta disposición, lo que en buena cuenta, no permite visualizar principalmente la oferta del postor a quien se le adjudicó la buena pro, las cuales en la mayoría de los casos no cumplen con lo establecido en las bases de cada uno de los procedimientos convocados.

Las limitaciones implícitas reglamentarias que impiden la participación de muchos contratistas, están circunscritas fundamentalmente a exigir que los postores acrediten contar con experiencia en la ejecución de obras materia de la convocatoria por un monto equivalente a tres (3) veces el valor referencial del proceso, cuando los procedimientos normados por la LCE exigen acreditar como máximo una (1) vez el presupuesto base, aunado a ello – como regla general – obligan a los participantes a presentar una Carta de Línea de Crédito, que en la mayoría de los casos resulta ser por un monto igual al presupuesto base del procedimiento, generando de esta amanera una desigualdad de trato absoluta y un impedimento sustantivo para la participación de postores, quienes por estos requisitos irracionales y desproporcionados, optan por no participar en este tipo de procesos.